Introducción

Las artes son puertas de entrada a la construcción de saberes sobre el mundo, y sus manifestaciones –en formatos diversos– poseen cualidades comunicativas, expresivas, recreativas, terapéuticas y reflexivas. Además, el acceso a dispositivos que permiten conocer y comprender los procedimientos técnico-instrumentales y los fundamentos ético-políticos de las producciones artísticas, favorece la apropiación creativa de los mismos. Hacer arte y pensar el arte son dos actividades que, si se relacionan en una dinámica recursiva, pueden promover un pensamiento crítico que eluda los abordajes meramente reproductivos y contribuya a la formación de ciudadanías. Ese potencial epistémico, creativo y emancipador de las artes determina que el acceso a ellas se constituya en un derecho humano fundamental, en particular cuando las personas se encuentran privadas de libertad ambulatoria. Por ello, en atención a la relevancia social que adquieren las iniciativas de producción, circulación y educación artística en contextos de encierro, en 2020 iniciamos el proceso de investigación que culminó en la tesis de maestría Mapeo de intervenciones artísticas promovidas por universidades públicas en cárceles de Argentina (2019-2021). En este artículo presentamos los principales hallazgos de la tesis, que fue elaborada en el marco de la Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y defendida en septiembre de 2023.

En el ámbito penitenciario argentino es posible reconocer la circulación de experiencias y prácticas artísticas promovidas tanto por personas detenidas como por otros actores sociales que desarrollan actividades fuera de los muros carcelarios. Pero si bien existen sistematizaciones recientes sobre la inserción educativa de las universidades en cárceles, no se conocen estudios que muestren la situación de las artes en esos contextos de privación de libertad ambulatoria. Un trabajo de este tipo implica el conocimiento de formatos y propósitos de las intervenciones, de cuyo análisis crítico podrían desprenderse orientaciones para la construcción de políticas culturales democráticas, inclusivas y populares. Con esta expectativa nos propusimos elaborar un mapa de las acciones de producción, circulación y educación artística de las universidades públicas en las cárceles de Argentina.

Para abordar nuestro objeto de estudio asumimos una perspectiva crítica del arte que proviene de la estética relacional. Este enfoque nos habla de «un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado» (Bourriaud, 2008, p. 13). Por tal razón, el propósito de conocer el panorama de acciones universitarias para la producción y enseñanza artísticas en el espacio carcelario se vincula con interrogantes más amplios sobre las funciones atribuidas a la cárcel y el rol que pueden tener las artes en la experiencia humana del encierro.

Derecho a la educación y a la producción artística en cárceles

Los modos de nombrar el espacio carcelario han tenido y continúan teniendo modificaciones según los diferentes contextos histórico-políticos, en estrecha relación con los supuestos que fundamentan las finalidades del encierro. Actualmente se habla de unidades penitenciarias o centros penitenciarios con especificaciones referidas al régimen de reclusión: unidades o centros abiertos o cerrados; de mínima, mediana o máxima seguridad. Es frecuente también la designación genérica de contexto de encierro, que suele usarse como sinónimo de cárcel, aunque constituye un concepto más amplio, de menor precisión categorial.

Las diferentes denominaciones y las concepciones sobre la cárcel se acercan o se alejan, según el caso, a un polo semántico propio de la perspectiva punitivista o a un polo semántico correspondiente al enfoque de derechos humanos. En relación con la primera perspectiva dice Sozzo (2009), recuperando a Foucault, que «desde el mismo nacimiento de la prisión como institución fundamental del castigo moderno se instala como su finalidad declarada la corrección del criminal» (ídem, p. 34). Se alude así a la función correccional, disciplinadora y tratamental de los sujetos desviados, quienes –una vez cumplido el castigo en aislamiento vigilado– retornarían a la vida social recuperados de la desviación de sus conductas. En similar sentido, advierte Perearnau (2017) que el modo en que se organiza la cárcel como institución total o cerrada (Goffman, 2001) tiene como propósito el control de los sujetos mediante la privación de todos sus derechos, la destrucción de sus identidades y la búsqueda de la homogeneización. Así, el sujeto encarcelado deja de ser persona para convertirse en un número, un expediente o un objeto que se traslada o deposita hasta la finalización de la pena.

En el extremo opuesto, el enfoque de derechos humanos se erige como salvaguarda del estatuto jurídico que

[…] les reconoce [a los sujetos privados de libertad] derechos de ciudadanos, por lo que ningún derecho puede ser afectado por la condena; y el atributo político les garantiza el acceso a la justicia, por cuanto les concede carácter de denunciantes hacia el Estado al considerarse que sólo él es responsable del cumplimiento de esos derechos. (Correa, 2019, p. 165)

De manera consistente con esta perspectiva de derechos humanos, en nuestra investigación entendemos la cárcel como un espacio habitado, no por personas enfermas, en tratamiento o internación para sanar, sino por sujetos de derecho. En consecuencia, utilizamos la denominación personas privadas de la libertad para referirnos a quienes se encuentran alojados en las cárceles, detenidos preventivamente o en cumplimiento de pena privativa de libertad ambulatoria por comisión de delito.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de las cárceles argentinas? En nuestro país, la cárcel, como agencia penal del Estado, refuerza el paradigma del encierro y del castigo. Chiponi y Manchado (2018) afirman que esta institución construye y fortalece en las propias personas detenidas –y en la sociedad toda– sentidos sociales vinculados con el carácter sobrante y descartable de los sujetos encarcelados. Pese a los cambios operados en las teorías que explican y justifican su existencia, la cárcel no ha perdido centralidad por sobre los sujetos allí detenidos. Se ha pasado de la idea de resocialización a la idea de separación del resto de la sociedad, como si se tratara de desechos que deben mantenerse apartados hasta el cumplimiento de la pena (Correa, 2019). En un escenario donde el único derecho que debería ser limitado es el de la libertad ambulatoria, otros derechos constitucionales se ven severamente restringidos, entre ellos el derecho a la educación.

El valor de la educación en contextos de encierro es destacado por Scarfó (2006), quien la plantea como llave que abre la puerta al conocimiento de otros derechos y libertades. De manera similar, Roncaglia (2018) afirma que la educación como derecho humano en las cárceles debe tener como fin contribuir a que las personas privadas de la libertad logren construir un lazo sostenido con la palabra y la cultura y así constituirse como sujetos de derechos.

En el marco general de la educación en cárceles nos ha interesado conocer puntualmente el lugar que las artes tienen en las propuestas educativas –tanto las de carácter obligatorio como las no obligatorias con diferentes grados de formalización (Sirvent et al., 2006)– y establecer si tales propuestas tienden a transmitir, reproducir o crear conocimiento. Para ello es necesario analizar las oportunidades de acceso, las características de esos accesos y las tensiones en la tarea docente. Asimismo, es preciso observar los formatos, dispositivos y fundamentos epistemológicos de las intervenciones artísticas promovidas por las universidades, de manera de reconocer si promueven la transformación o naturalizan las condiciones de desigualdad y exclusión (con lo que tenderían a reproducirlas).

Respecto a las acciones artísticas promovidas por las universidades públicas en las cárceles, proponemos pensar las producciones, los artefactos producidos como artificios que no tenían existencia anterior y que, por su forma y contenidos –sumados a su carga simbólica– adquieren status artístico y por ello son capaces de comunicar ideas, transmitir emociones y provocar reflexiones en torno a las sociedades y los sujetos. En cuanto a la enseñanza de las artes en cárceles, la consideramos como una de las puertas de entrada para la ampliación de conocimiento sobre diferentes repertorios artísticos y modos en que las disciplinas artísticas organizan su contenido y sus formas. En ese campo, el de la educación artística, se pueden identificar distintos enfoques epistemológicos: técnicos instrumentales, lúdico-expresivistas y crítico-integradores (Chapato y Dimatteo, 2014; Torres Pellicer, 2020).

Nuestra investigación asume este último enfoque, es decir, una perspectiva de enseñanza crítica de las artes y la producción artística en cárceles. Entendemos que los detenidos pueden ser partícipes de intervenciones donde el saber-hacer técnico confluya con propósitos comunicativos y expresivos; y pueden involucrarse en creaciones artísticas que los lleven a reflexionar y actuar para transformar sus realidades sociales y transformarse a sí mismos. Esta visión crítico-integradora permite examinar las posibilidades de realización de proyectos de educación emancipadora en un contexto en el que predominan prácticas educativas estereotipadas, repetitivas, sin adecuación a los contextos de encierro.

Mapeo de intervenciones artísticas en cárceles en el marco de una investigación cualitativa

La investigación científica estudia fenómenos o problemas mediante la aplicación de un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos. A lo largo de la historia los investigadores han explorado y desarrollado diversas corrientes de pensamiento, no obstante lo cual en la actualidad se identifican dos grandes enfoques: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Los dos trabajan con criterios de sistematicidad, criticidad y contrastación empírica, pero en el segundo la acción indagatoria es circular. Es decir, en el enfoque cualitativo la recolección y análisis de los datos puede determinar un refinamiento de las preguntas iniciales de investigación e incluso el surgimiento de nuevos interrogantes (Hernández Sampieri et al., 2014).

Ese movimiento dinámico entre los hechos y su interpretación ha resultado el más adecuado para la indagación que aquí se presenta, en tanto la tarea de cartografiar intervenciones artísticas en cárceles puede originar nuevas preguntas e hipótesis durante y después de la recolección y el análisis de los datos. De hecho, el mapa podría resultar un insumo válido para posteriores investigaciones que busquen enriquecer el cuerpo de conocimientos sobre el tema. En definitiva, como en la mayoría de los estudios cualitativos, no nos hemos propuesto probar hipótesis sino, a lo sumo, generarlas durante el proceso.

Para la reconstrucción del estado de situación se ha elaborado un mapa geográfico y un mapa conceptual que plasma en los territorios carcelarios la presencia de la universidad. El mapa geográfico conlleva la geolocalización –en un soporte digital– de los programas de trabajo de las universidades públicas en cárceles, en tanto que el mapa conceptual aspira a caracterizar las intervenciones artísticas de acuerdo con los dispositivos, formatos y las finalidades enunciadas públicamente por los responsables institucionales.

Es preciso aclarar que, si bien no trabajamos con los supuestos teórico-metodológicos de la cartografía social –la cual implica el mapeo colectivo, colaborativo, en una construcción compartida por todos los actores sociales involucrados– rescatamos de ella su propósito de interpretar el medio social a partir de la profusión de narrativas que lo componen (Paulston, 1996). Así, aunque realizamos la reconstrucción individual de un estado de situación, lo hacemos a partir de las voces de los agentes universitarios, que resultan imprescindibles para poder acceder a datos actualizados.

En esta línea, nuestro trabajo propone el mapeo «como una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos» (Risler y Ares, 2013, p. 9). La acción de mapear, entonces, es provisoria e inacabada y su producto, el mapa, debe relativizarse en su capacidad de representación y sus alcances explicativos, porque, como afirman los mismos autores «el mapa no es el territorio, es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo» (Risler y Ares, 2013, p. 8).

Teniendo en cuenta estas limitaciones, nos hemos propuesto elaborar un mapa que –al menos– ofrezca indicios de un estado de situación. Es decir, una imagen que no solo localice y represente gráficamente las acciones artísticas de las universidades públicas, sino que también sugiera una mirada global del escenario en el que tales acciones tienen lugar.

Hacia la construcción del mapa. Tres acercamientos

El mapa es un constructo gráfico-verbal que localiza y representa las acciones que puntualmente desarrolla cada institución, pero también proporciona una visión global del fenómeno estudiado. Para confeccionarlo propusimos un diseño metodológico cualitativo y procedimos a la recolección de datos mediante tres instrumentos: análisis documental, encuesta y entrevista.

El análisis documental es definido, en términos generales, como una estrategia de obtención de información a partir de archivos (oficiales o privados) (Valles, 2000). En nuestra investigación se aplicó al relevamiento de información disponible en 2022 en las páginas web del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro (UNECE) y los institutos y universidades públicas –provinciales y nacionales–. En una primera instancia y mediante la consulta a la página del CIN obtuvimos un panorama general y completo de las instituciones de educación superior de todo el país. En un segundo momento realizamos una revisión exhaustiva, institución por institución, de la información referida a programas de trabajo en cárceles. A estos datos los contrastamos, en un tercer paso, con la actualización que provee la Red UNECE sobre programas y proyectos educativos, de investigación y extensión en cárceles, pertenecientes a universidades públicas de gestión nacional y provincial de la Argentina. Finalmente, en una cuarta etapa, nos enfocamos en las intervenciones y los proyectos artísticos que desarrollan algunas de las instituciones de nivel superior.

Cabe puntualizar que en las tres primeras fases del análisis documental nuestra tarea consistió, fundamentalmente, en la revisión, recopilación y sistematización de datos; mientras que en la última fase fue necesario desplegar una actividad reconstructiva, en virtud de que algunos sitios web presentan información parcial o desactualizada. De modo que para completar, actualizar o confirmar datos se recurrió a otros soportes y fuentes como, por ejemplo, las redes sociales utilizadas por algunas de las instituciones relevadas.

La encuesta, según Sautu et al. (2005), «es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos estructurales y/o atributos generales de una población, o las razones u opiniones que tienen las personas acerca de determinados temas» (ídem, p. 48). Por ello, una vez realizado el análisis de documentos públicos más arriba referidos, emprendimos el diseño y administración de la herramienta que nos permitiera recoger datos proporcionados por actores universitarios involucrados en tareas de educación artística en cárceles.

El trabajo se llevó a cabo mediante Google Forms, recurso web que permitió elaborar preguntas en diferentes formatos y compartirlas con los encuestados a través de un link o enlace que se les envió por correo electrónico. La encuesta recogió 25 respuestas provenientes de 17 universidades públicas: Universidad de Buenos Aires (UBA); Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA); Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR); Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ); Universidad Nacional de Rosario (UNR); Universidad Nacional de Salta (unas); Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE); Universidad Nacional de Villa María (UNVM); Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN); Universidad Nacional del Litoral (UNL); Universidad Nacional de Luján (UNLu); y Universidad Nacional del Sur (UNS).

La entrevista cualitativa es una técnica basada en la conversación entre dos o más personas (entrevistador y entrevistado/s) con el fin de intercambiar información de manera íntima, flexible y abierta (Hernández Sampieri et al., 2014). En nuestro caso las entrevistas se programaron para recoger información a partir de los testimonios de referentes institucionales e informantes clave de seis universidades públicas: UNSAM, UNLP, UNR, UNICEN, UBA y UNSa. Los entrevistados fueron seleccionados de acuerdo con sus funciones de gestión en áreas y programas de trabajo de universidades públicas en cárceles y por su trayectoria en tales espacios.

Se utilizó un tipo de entrevista semiestructurada, basada en una guía de tópicos y preguntas que admitían interrogantes adicionales; y los entrevistados brindaron, no sólo datos relevantes para el estudio, sino también su perspectiva y valoración personal de la experiencia en el campo. Ello fue posible porque la entrevista es una conversación sistematizada que permite ahondar en la memoria de las personas (Sautu et al., 2005) y en ella, a través del intercambio, preguntas y respuestas llevan a la construcción conjunta de significados en torno a un tema (Hernández Sampieri et al., 2014).

Una vez completada la recolección de datos se procedió a la geolocalización de esa información en un mapa digital. El proceso de mapeo inició con el registro gráfico del conjunto de universidades públicas de Argentina y prosiguió con la identificación de universidades que informaron trabajo en cárceles en el lapso de la investigación. A continuación se localizaron las universidades públicas que forman parte de la Red UNECE, se indicaron las unidades penales donde las universidades públicas poseen programas de trabajo y se ubicaron las que desarrollan intervenciones artísticas en cárceles. El mapa provee, además, los enlaces a programas institucionales, proyectos artísticos o páginas web y/o redes sociales de todas las unidades académicas acerca de las cuales se recolectó información durante el trabajo de campo. Para el mapeo se utilizó OpenStreetMap (OSM), una base de datos geográfica abierta y gratuita.¹

Un mapa abierto y algunas observaciones provisorias

Desde el inicio de la investigación supimos que cartografiar las intervenciones artísticas de las universidades en cárceles no sería una tarea objetiva, distante, neutral. En virtud de nuestra implicación en experiencias de producción y educación artística en contextos de encierro, sabíamos que no nos sería posible limitarnos al levantamiento y verificación de datos. Por el contrario, siguiendo a Costa (2014), nos adentraríamos en «una práctica de investigación sucia, distante de la asepsia y de la limpieza que el método científico positivista nos propone» (ídem, p. 4). El mapa que hemos conseguido trazar refleja ese proceso de investigación anclado en la experiencia y, como tal, aspira a ser sólo una herramienta abierta, fruto de un saber «tan vacilante como las realidades sobre las que se ocupa» (Costa, 2014, p. 7). De todas maneras, ofrecemos a los lectores el mapa como constructo gráfico-verbal que proporciona una visión global del fenómeno estudiado y lo complementamos, en este apartado, con un conjunto de observaciones que han surgido durante el proceso de investigación.

Desde 1983 las universidades públicas argentinas han tenido tareas dispares en las cárceles provinciales y federales. Con el transcurso del tiempo y la continuidad de las actividades, sólo unos pocos proyectos han ido convirtiéndose en programas y han adquirido mayor institucionalidad. Incluso en ciertos casos mejoraron su ubicación en el organigrama institucional, se convirtieron en áreas de gestión política, alcanzaron el rango de dirección y lograron dotarse de personal especializado y recursos para su funcionamiento.

En lo que refiere específicamente a las intervenciones artísticas, la institucionalidad es un proceso gradual y el sostenimiento, ampliación y jerarquización de proyectos y programas artísticos en cárceles dependen en gran medida de la continuidad y visibilidad de las intervenciones. En este sentido, se han observado marcas de una institucionalidad frágil y una ausencia de políticas públicas orientadas al cumplimiento de las leyes que rigen el acceso a derechos educativos, culturales y sociales para las personas privadas de libertad ambulatoria. También se ha observado que ciertos actores universitarios despliegan acciones individuales –o, a lo sumo, sostenidas por pequeños grupos con compromiso social y político en sus comunidades– para compensar tales falencias. Una prueba de ello se encuentra en los testimonios recogidos, muchos de los cuales indican que la obtención de fondos, el acceso a financiamiento externo e incluso la gestión administrativa de subsidios, dependen en gran medida del trabajo voluntario de los responsables de programas. La factibilidad de los mismos, de hecho, suele depender de personas con escasa representación institucional.

A esa débil institucionalidad se le suma la condición doblemente marginal de los proyectos: marginalidad de las artes y marginalidad de la cárcel. Los resultados del relevamiento, en este sentido, resultan elocuentes: entre 27 universidades públicas que ofrecen carreras artísticas, sólo cinco desarrollan intervenciones artísticas en el período estudiado (2019-2021). Las razones de este fenómeno quizá se encuentren en la persistencia de modelos de universidad elitistas, para los cuales –al menos en la práctica– existirían funciones institucionales de menor jerarquía. La postergación, escasa planificación e insuficiente sostén presupuestario de algunos planes de trabajo en cárceles estarían revelando, en consecuencia, fallas en la integración de las funciones sustantivas de la institución universitaria.

Ahora bien, puesto el foco en las universidades públicas que reportan programas y proyectos artísticos sostenidos en el tiempo, la investigación reveló que tienen un origen similar. Por lo común, se inician como acciones de extensión en colectivos estudiantiles, militantes y artísticos, los cuales asumen la tarea de abrir caminos para una potencial institucionalización posterior. Tal vez ese origen militante y popular de algunos programas explique el predominio de la perspectiva de derechos humanos en el abordaje de las intervenciones, por sobre las finalidades terapéuticas o de resocialización. De hecho, tanto en las manifestaciones discursivas de los referentes institucionales como en el tipo y contenido de las producciones artísticas relevadas, se manifiesta la férrea defensa del acceso a la educación y a la creación cultural por parte de todas las personas, incluidas aquellas detenidas en cumplimiento de penas privativas de libertad ambulatoria.

De manera coherente con esta visión, el dispositivo didáctico que predomina en las propuestas artísticas es el de taller, un espacio de comunicación pedagógica que por su propia dinámica de funcionamiento promueve el aprendizaje cooperativo y facilita los proyectos grupales. Se trata de una herramienta educativa de indudable valor porque impulsa una permanente construcción y reconstrucción de categorías teóricas, significados y discursos; al tiempo que estimula procesos de relaciones interpersonales y aprendizajes sociales (Hernández, 2009). La preponderancia de los talleres de arte por sobre otras modalidades pedagógicas podría indicar, en el caso estudiado, no sólo un aprovechamiento estratégico del espacio colectivo sino también la adhesión de los equipos universitarios a un modelo docente más crítico.

En esa misma dirección, el estudio consideró la relación entre finalidades de las propuestas y concepciones sobre las funciones de la cárcel. En este sentido, tanto el trabajo documental como las encuestas y las entrevistas pusieron de manifiesto la necesidad de transformar instituciones de castigo, tortura y tratamiento en espacios de creación y pensamiento crítico. Las artes pueden, no sólo conducir a la reflexión sobre el propio ser y el entorno, sino también develar oportunidades para una futura vida laboral en libertad y estimular la construcción de consensos para la convivencia democrática.

Como lo expresamos más arriba, nuestro mapa es una herramienta abierta y sus trazos son provisorios. Serán necesarias otras indagaciones que permitan reconocer y mapear los modos en que las universidades públicas, en vinculación con los servicios penitenciarios jurisdiccionales, contribuyen a la profundización del pensamiento dominante o a la construcción de pensamiento transformador. La universidad, como institución pública responsable de la formación integral de profesionales de todas las disciplinas, no debería eludir que esa misión se cumple en diálogo con los contextos en los que interactúa.

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Notas