Introducción

El acceso universal a servicios de energía limpios, confiables y asequibles es una de las metas reconocidas por Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la Agenda 2030. Su incidencia en el resto de las metas de esta Agenda le confiere un papel central en la configuración de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo y, al mismo tiempo, un alto nivel de reconocimiento en la agenda política a nivel global.

En Argentina, sin embargo, el acceso a la energía es heterogéneo. Si bien el 97,7 % de las viviendas se encuentran conectadas a la red eléctrica, solo el 56 % de los hogares utiliza gas de red en la vivienda como principal combustible para cocinar. El resto recurre a gas a granel, en tubo o garrafa (41 %) y a leña o carbón (3 %), especialmente en áreas rurales (indec, 2010). Entre los hogares que no acceden a la red de gas, la leña y el carbón son los principales combustibles utilizados para mantener el confort térmico en las viviendas en época invernal. De esta forma, el acceso a energía con fines térmicos se encuentra fuertemente limitado por la infraestructura disponible en cada región. En cuanto a la posibilidad económica de acceder a estos servicios, las tarifas de la energía eléctrica y el gas natural y envasado han aumentado sustancialmente desde el año 2016, como parte de un proceso de reacomodamiento tarifario impulsado por el gobierno nacional. Según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, los hogares urbanos del país destinan, en promedio, el 5,9 % de sus gastos totales al consumo de electricidad, gas y otros combustibles, mientras que en el Gran Buenos Aires este porcentaje es del 5,4 % y en la región noreste del 7,1 % (indec, 2019).

El consumo de energía moderna en el ámbito doméstico permite a los hogares cubrir sus necesidades básicas, mejorar la calidad de su entorno y participar en prácticas de consumo habituales y esperadas, con significado social y cultural. En este marco, la pobreza energética es entendida como la imposibilidad de un hogar de satisfacer sus necesidades fundamentales debido a un acceso insuficiente a servicios de energía asequibles, confiables y seguros (Day et al., 2016). Este fenómeno refleja el impedimento que enfrentan los hogares para consumir energía en una cantidad y calidad acorde a sus necesidades debido a: a) la falta de acceso a tecnologías modernas, especialmente en los países más pobres; b) el alto precio de la energía; c) los niveles de ingreso que no permiten cubrir el gasto energético; d) la baja eficiencia térmica de las viviendas, o e) las estructuras sociales e institucionales vigentes. Las estructuras sociales inciden en los patrones de consumo de los hogares y en el rol de sus integrantes en la gestión de los recursos energéticos condicionados, por ejemplo, por el género. Las estructuras institucionales, por otra parte, se encuentran plasmadas en la distribución geográfica, económica y política de los sistemas de generación y distribución de energía y en sus marcos regulatorios. Esta trama institucional condiciona el nivel y la volatilidad de los precios de la energía, la calidad del servicio, el ritmo y la dirección de los procesos de adopción de nuevas tecnologías, entre otras cuestiones. Por su complejidad y su carácter multidimensional, la pobreza energética plantea desafíos para medir su alcance, intensidad y para identificar los factores que la condicionan.

Este artículo parte de la premisa de que es necesario tener una visión integral y amplia de la pobreza energética para comprender su alcance, consecuencias y posibles soluciones. Las investigaciones basadas en la triangulación metodológica, esto es, indagaciones que tengan en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos, cada vez más utilizadas en los últimos veinte años (Hernández Sampieri et al., 2010), resultan apropiadas para captar la complejidad de este fenómeno, ya que incorporan la percepción de las personas y familias que atraviesan esta situación de pobreza específica. En este sentido, este artículo presenta un aporte para el estudio de la pobreza energética a partir de la integración de metodologías (Acevedo, 2011), cuya propuesta se centra en el análisis de datos secundarios cuantitativos (bases de datos estadísticas disponibles en la Argentina a nivel nacional) y también en la implementación de estrategias cualitativas de recolección y análisis de información (diseño e implementación de grupos focales).

En la primera sección, el trabajo realiza un recorrido teórico sobre las nociones de pobreza energética elaboradas a nivel internacional, indagando en los diferentes enfoques conceptuales y metodológicos utilizados en Europa y en la propuesta que realiza García-Ochoa (2014) desde alyc. Este autor centra su análisis en el papel que poseen los bienes económicos que utilizan energía en la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares e indaga sobre la manera en que los hogares satisfacen sus necesidades y cómo la interacción entre satisfactores y bienes económicos se refleja en sus estrategias de supervivencia (Boltvinik Kalinka, 2005). Posteriormente, el artículo aborda las limitaciones y potencialidades que brindan las distintas fuentes estadísticas disponibles en Argentina para aproximarse a la medición y alcance de la pobreza energética desde un enfoque cuantitativo. Finalmente, con el objetivo de indagar en la pobreza energética a partir de la triangulación metodológica (Acevedo, 2011; Hernández Sampieri et al., 2010),¹ el artículo presenta una técnica de grupos focales implementada en dos sesiones en las que participaron mujeres de la localidad de Ibarlucea,² Provincia de Santa Fe, durante junio de 2019. Este trabajo de indagación se realizó en el marco del proyecto «Energía, territorio y género: oportunidades y desafíos de las cooperativas de electricidad frente a la pobreza energética en Argentina», en colaboración con la Cooperativa de Energía Eléctrica y Consumos de Ibarlucea. El estudio indagó sobre la manera en que los hogares atraviesan y enfrentan la pobreza energética, haciendo especial énfasis en la realidad cotidiana de las mujeres y también en las percepciones y vivencias compartidas por los residentes de una misma comunidad. Esta propuesta adoptó el enfoque de las «estrategias familiares de vida», el cual permite profundizar el análisis de las dimensiones «subjetivas» de la pobreza energética. Se recurrió a este enfoque, que no forma parte del tradicional análisis de la pobreza energética, dado que resulta pertinente para indagar aspectos cualitativos relevantes de este fenómeno y permite complementar la información relevada a través de fuentes secundarias de carácter cuantitativo.

1. Enfoques teóricos-metodológicos de la pobreza energética

En Europa, los estudios sobre pobreza energética –denominada originalmente pobreza de combustible– se remontan a comienzos del siglo xx (Richardson, 1978; Lewis, 1982) y se multiplican en la década de 1990 en base a los trabajos de Bradshaw y Hutton (1983) y el trabajo seminal de Boardman (1991). Con este estudio, la pobreza energética se incorpora en el diseño de las políticas públicas del Reino Unido en el 2001 para asistir a los hogares que destinaban más del 10 % de su gasto en obtener un nivel adecuado de confort térmico en su vivienda. Si bien este indicador posee claras ventajas para la formulación de políticas públicas –es simple de calcular, versátil y fácil de comunicar–, también tiene amplias limitaciones, como su sensibilidad a cambios en el precio de la energía, la pertinencia geográfica y temporal del umbral establecido, y su posible desacoplamiento del ingreso de los hogares (Romero et al., 2018). Esta definición fue reformulada en el año 2013 para contemplar a los hogares que residen en viviendas con una aislación térmica deficiente y que se encuentran en una situación de pobreza por ingresos relativa luego de descontar el gasto en calefacción del hogar (Day et al., 2016).

Las investigaciones de este fenómeno en los países de Europa se han centrado en los factores que condicionan el confort térmico en las viviendas y en la medición de su alcance e intensidad. Adicionalmente, algunos estudios han abordado el impacto de esta situación en las condiciones de vida (salud, educación, desigualdad, etc.) y el ambiente (contaminación, degradación ambiental) de las personas. En los países en desarrollo, por otra parte, el debate en torno a la energía y su incidencia en el bienestar de la sociedad se ha centrado históricamente en la conexión a servicios energéticos modernos y confiables (tasas de electrificación y de conexión a la red de gas natural, cortes) (Bouzarovski y Petrova, 2015), suponiendo que este tipo de acceso tiene en sí mismo un impacto positivo en la salud y el ambiente de los hogares. Una alternativa para identificar la pobreza energética en estos países ha sido medir el consumo de energía per cápita estableciendo un umbral mínimo aceptable para mantener cierta calidad de vida. Este umbral puede fijarse, según Barnes et al. (2011), donde el nivel de consumo energético deja de aumentar frente a incrementos en el ingreso. Desde esta perspectiva, la energía necesaria para cubrir una canasta normativa de servicios energéticos básicos es de 50 kwh de energía eléctrica anual per cápita en áreas rurales y 100 kwh en áreas urbanas (iea, 2015).

La literatura en torno a la definición y el alcance de la pobreza energética ha tenido un amplio desarrollo teórico y metodológico en los países de Europa desde la década de 1980. En la actualidad, a partir de ciertas revisiones, existe consenso respecto al carácter multidimensional y complejo de este fenómeno (García-Ochoa, 2014; Day et al., 2016). En este sentido es que abarca tanto la falta de acceso a «energía asequible, fiable, sostenible y moderna», como señalan los ods, como la existencia de condiciones intrínsecas y extrínsecas a los hogares que imposibilitan un consumo adecuado de energía para lograr satisfacer necesidades materiales y sociales fundamentales. Bouzarovski y Petrova (2015) resumen estas condiciones en seis aspectos causales: 1) accesibilidad limitada a los servicios de energía; 2) baja capacidad de pago de los hogares debido a los altos precios de la energía o los bajos ingresos del hogar; 3) baja flexibilidad de las tecnologías de provisión de energía para adaptarse a las necesidades del hogar; 4) baja aislación térmica de la vivienda y eficiencia de conversión de energía de los artefactos y equipos del hogar; 5) necesidades energéticas diferenciales debido a razones sociales, culturales, económicas o de salud, y 6) prácticas de consumo no eficientes de los miembros del hogar. Otro factor que incide en la intensidad de este fenómeno es el régimen de tenencia de la vivienda y su capacidad económica y legal en relación con la tenencia de la tierra, aspecto central dado que permite –o no– realizar mejoras en la vivienda y adquirir equipamiento más eficiente (Ambrose, 2015; Boardman, 2010).

En los países más desarrollados el estudio de la pobreza energética ha avanzado en torno a dos enfoques teórico-metodológicos: el enfoque de subsistencia y el enfoque consensual (García-Ochoa y Graizbord, 2016). El primero analiza la interacción entre el nivel de ingreso de los hogares, los precios de la energía y la aislación térmica de las viviendas, contemplando factores como el equipamiento doméstico, las características sociodemográficas del hogar y sus hábitos de consumo (Thomson et al., 2017). Towsend (2006) cuestiona la centralidad que el análisis de la pobreza otorga a las necesidades físicas por sobre las sociales y sugiere que las carencias que enfrentan las personas deben estudiarse considerando las estructuras sociales e institucionales vigentes en cada lugar y tiempo determinado. Estas otorgan a los individuos roles sociales y económicos que condicionan sus formas de consumo material y que pueden cambiar con el tiempo (Towsend, 2006). A partir de esta crítica al enfoque de subsistencia en el análisis de la pobreza, Healy y Clinch (2002) incluyen en la noción de pobreza energética aspectos subjetivos como la percepción de las personas respecto a sus niveles de consumo de energía, proponiendo un enfoque consensual. De esta forma, la pobreza energética es analizada como una condición relativa respecto a las necesidades consideradas básicas e indispensables en cada sociedad (García-Ochoa, 2014).

Estos enfoques parten de la premisa de que los hogares acceden a sistemas de energía modernos y confiables, y que disponen de equipamiento doméstico adecuado para satisfacer sus necesidades básicas a través del consumo de energía. La realidad de los países en desarrollo cuestiona estos supuestos y ha dado lugar al surgimiento de un tercer enfoque para el estudio de la pobreza energética basado, por un lado, en los aportes de Sen (1999, 2002) y Nussbaum (2000, 2006) al debate sobre privaciones y capacidades, que ponen en el centro del análisis la expansión de las capacidades y la agencia de las personas (Pellicer-Sifres, 2018); y por otro, incorporando la distinción de Neef et al. (1986) entre necesidades –también denominadas capacidades básicas–, satisfactores –denominados capacidades secundarias– y bienes económicos (García-Ochoa, 2014; Day et al., 2016). Según estos autores, las necesidades humanas son absolutas, finitas, clasificables e iguales en todas las culturas y períodos históricos y se encuentran interrelacionadas. Pueden clasificarse en necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, identidad, ocio, creación y libertad. Los satisfactores o capacidades secundarias representan los medios y la forma en la cual se satisfacen estas necesidades. La subsistencia se asegura a través de la alimentación y el abrigo, mientras que la protección requiere de sistemas de salud suficientes, alimentación adecuada, ausencia de violencia, etc. Sin embargo, la relación entre satisfactores y necesidades no es unívoca o fija: un satisfactor puede responder a una o más necesidades, una necesidad puede requerir de uno o más satisfactores, y esta puede variar según el lugar, la circunstancia y el momento histórico (Neef et al., 1986). Los bienes económicos, por último, median en la realización material de estos satisfactores y su tecnología incide en la tasa de conversión energética que logran los hogares (lámparas, heladera, estufa, etc.). El análisis de la mediación y el condicionamiento entre necesidades, satisfactores y bienes económicos permite entender cómo se perciben las necesidades energéticas y cómo la interacción entre satisfactores y bienes económicos modela las estrategias de los hogares para mitigar las causas y las consecuencias de la pobreza energética (Boltvinik Kalinka, 2005).

A pesar de sus diferencias, todos estos enfoques aportan a la construcción conceptual y metodológica del fenómeno de la pobreza energética –su alcance, causas y consecuencias–, señalando la necesidad de analizar dimensiones de índole económica, política y social. Son pocos, sin embargo, los trabajos que, además, estudien la interacción entre los servicios energéticos y las relaciones de género subyacentes al interior de los hogares (Skutsch y Wamukonya, 2001).

2. Mediciones cuantitativas de la Pobreza Energética en Argentina

En Argentina son escasos los estudios que abordan la noción de pobreza energética, su metodología de medición y análisis. Los trabajos vinculados a esta temática ahondan en el acceso a la energía de los hogares rurales (Alazraki y Haselip, 2007; Schmkler y Garrido, 2016; Ibáñez et al., 2020) y de los hogares urbanos en situación de pobreza (Bravo et al., 2008), indagando sobre las fuentes de energía y tecnologías utilizadas en los hogares y sus necesidades energéticas insatisfechas.

Por otra parte, este problema ha estado ausente en la agenda pública debido, probablemente, a que el alcance de la pobreza energética entre los hogares urbanos disminuyó de manera sostenida durante el período 2003-2015³ (Durán y Condori, 2019) como consecuencia del congelamiento relativo de las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, en 2016 el gobierno nacional inició un proceso de aumento de las tarifas de energía que, en un contexto recesivo, deterioró la calidad de vida de muchas personas. Esta situación despertó el interés en ámbitos públicos y privados por la noción de pobreza energética y surgieron estudios de corte cuantitativo que miden el alcance de este fenómeno a nivel nacional (Durán y Condori, 2019; Jacinto et al., 2019), su evolución en el período 2002-2018 (Durán y Condori, 2019), la incidencia de la eficiencia térmica de las viviendas (González Pijuan, 2017) y su relación con el trabajo no remunerado de las mujeres (Castelao Caruana y Méndez, 2019). Otros trabajos adoptan un enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo) para ahondar en los usos de la energía que realizan los hogares en determinadas regiones geográficas del país donde el acceso se encuentra condicionado por factores tecnológicos y económicos (Jacinto et al., 2019).

En el ámbito público, la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec) recolectó información, por primera vez de manera desagregada, sobre el gasto en electricidad, gas y otros combustibles en los hogares urbanos. Los datos disponibles muestran que, en promedio, los hogares urbanos de Argentina destinan 5,9 % de su gasto total al rubro electricidad, gas y otros combustibles, pero aquellos ubicados en la región noreste del país tienen un gasto medio del 7 % y los hogares con nivel educativo bajo destinan el 9 % en promedio (dgec, 2018). El análisis exhaustivo de la base de datos de esta encuesta permitirá profundizar en las condiciones de acceso a la energía y en los factores económicos, sociales y ambientales que configuran situaciones de pobreza energética en los hogares urbanos del país.

A continuación, se analiza la información provista por las principales bases de datos nacionales públicamente disponibles en el país para estudiar el alcance, la intensidad y las causas de la pobreza energética. Se clasifican los indicadores recolectados por las bases de datos en tres dimensiones de análisis –condiciones de oferta de la energía, necesidades y condiciones del entorno y el hogar– en subdimensiones que surgen de los distintos enfoques teóricos y, en particular, de la propuesta sobre necesidades, satisfactores y bienes económicos de García-Ochoa (2014).

Las bases de datos analizadas son la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (eahu) y la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (engh) (2017-2018),⁴ ambas aplicadas por el indec, la Encuesta Nacional sobre Estructura Social (enes) realizada por el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (pisac, 2015) y el Censo Nacional de Personas, Hogares y Viviendas (cnphyv) (2010) que realiza el indec. Las encuestas seleccionadas captan información de personas residentes en viviendas particulares ubicadas en aglomerados urbanos y su diseño muestral posee representatividad a nivel nacional y, en algunos casos, provincial. Sin embargo, la engh y la eahu se aplican en aglomerados que, en conjunto, agrupan alrededor del 63 % de la población argentina, excluyendo localidades pequeñas, periurbanas y rurales donde la infraestructura energética es, muchas veces, deficiente. El cnphyv, por otra parte, alcanza al total de la población residente en el país, distinguiendo entre áreas urbanas y rurales, y como censo resulta representativo tanto de las condiciones a nivel nacional como local. Sin embargo, como se menciona más adelante, la información que ofrece esta base de datos es limitada para ahondar en el fenómeno de la pobreza energética.

Tabla 1. Condiciones de oferta de la energía: indicadores según fuente de información y subdimensión de análisis

Uno de los principales aspectos que definen la pobreza energética de un hogar es la oferta de energía, incluyendo el acceso, la calidad del servicio, la tecnología aplicada y la asequibilidad en relación con el ingreso del hogar (Tabla 1). Por un lado, la mayoría de las bases recolectan información sobre el acceso de los hogares a la red eléctrica, no así para el servicio de gas por red, dado que los datos se concentran en los combustibles utilizados para cocinar. Si bien este indicador permite aproximarse a la fuente de energía térmica que utilizan los hogares, esto queda limitado a la actividad de cocción, omitiendo el uso de otras fuentes de energía para la calefacción de la vivienda o la higiene personal. Por otro lado, la calidad del servicio es un aspecto ausente en las bases de datos, excepto en la de la enes, que pregunta sobre la presencia de «Problemas en el barrio con corte de luz por tiempo prolongado». Por último, solo la engh recolecta información sobre el ingreso de los hogares y su gasto en energía, lo que permitiría indagar en la capacidad de compra de los hogares y la incidencia de este bien en su canasta de consumo, así como evaluar distintos porcentajes de gasto para identificar a los hogares en situación de pobreza energética según las características de cada hogar y de su entorno.

La Tabla 2 indaga sobre los bienes económicos que consumen energía y que, en interacción con las condiciones de la vivienda y el entorno, permiten la satisfacción de las necesidades de las personas. Esta dimensión incluye la posibilidad del hogar de proyectar mejoras habitacionales, lo cual podría estar condicionado por el régimen de tenencia de la vivienda y la posibilidad económica de realizar arreglos. Esta Tabla presenta solo los indicadores recopilados por la enes y la engh debido a que son las bases de datos que más información ofrecen sobre los satisfactores.

El cnphyv y la eahu recolectan datos sobre la procedencia del agua para beber y cocinar (de red o mediante bomba a motor),⁵ lo cual permite detenerse en aspectos vinculados a la alimentación y, en parte, a la higiene personal. El cnphyv, además, pregunta sobre la tenencia de heladera, lo que aporta al análisis del satisfactor «alimentación», y de computadora y teléfono celular, ambas vinculadas al entretenimiento, la comunicación y a la educación. El cnphyv es también el único relevamiento que pregunta sobre el estado de las instalaciones/conexiones de energía aportando a la evaluación de la seguridad en la vivienda frente a accidentes domésticos.

Como se observa en la Tabla 2, la enes y la engh brindan una noción más acabada que el resto de las bases sobre la tenencia de bienes económicos que, mediando el uso de energía, permiten satisfacer necesidades básicas y los tipos de materiales que componen la vivienda. Sin embargo, la tenencia de estos bienes no asegura su uso y aquellos relevados por las encuestas pueden no ser representativos de los usos y estrategias que aplican los hogares para satisfacer sus necesidades energéticas en los distintos entornos naturales y sociales del país.

Tabla 2. Necesidades: indicadores según fuente de información y subdimensión de análisis

Otra dimensión relevante está formada por las condiciones del entorno y del hogar que en algunos casos determinan las necesidades energéticas y en otros condicionan el uso de los bienes económicos. Respecto a las condiciones del hogar, todas las bases de datos recopilan información que permite conocer la composición del hogar –tamaño, edad, sexo, etc.– y su nivel de dependencia económica, lo cual incide en el consumo de energía y la capacidad de gasto. En cuanto al entorno inmediato, si bien todas las bases de datos indagan sobre el aglomerado de residencia de los hogares, lo que permite inferir, en mayor o menor medida, las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan, solo la enes indaga en la calidad de la infraestructura externa a la vivienda (alumbrado público, veredas, sistemas pluviales, arboleda, etc.), la cual puede incidir en las prácticas de consumo con significado social y cultural.

Del análisis de las bases de datos surge que mientras el cnphyv y la eahu no recopilan información adecuada para medir el alcance de la pobreza energética e identificar sus causas, la enes brinda información relevante para aproximarse a este fenómeno a través del enfoque de los satisfactores, recopilando información sobre la tenencia de distintos bienes económicos que median en el consumo de energía y facilitan la satisfacción de necesidades básicas. Además, esta base permite analizar la interacción de esta dimensión con el acceso a la energía y las condiciones del hogar y el entorno, aspectos claves para evaluar la pobreza energética.

La engh posee las mismas características que la base anterior, pero además ofrece información que permite evaluar la capacidad económica de los hogares de pagar por el consumo de energía en sus múltiples formas (gas, electricidad, kerosene, leña, etc.), adquirir bienes económicos eficientes e invertir en la aislación térmica de la vivienda. Adicionalmente, el módulo de usos de la energía que incorporó esta encuesta en el año 2018 recolecta información sobre la frecuencia, tiempo de uso, antigüedad y eficiencia de los bienes económicos destinados a la cocción y conservación de los alimentos, el calentamiento del agua sanitaria, la calefacción y refrigeración de los ambientes, la iluminación y el transporte.

A partir del análisis de las bases de datos disponibles, es posible identificar la necesidad de adoptar metodologías y técnicas complementarias que puedan dar cuenta de la complejidad de la pobreza energética y de otros aspectos complementarios a la misma. Consumer Focus Scotland (2013) señala que está demostrado el valor de los estudios de observación como un mecanismo para proporcionar una imagen más completa de cómo la pobreza impacta en los hogares al obtener información sobre los factores subyacentes que son difíciles de desenredar a través de una investigación puramente cuantitativa. El autor destaca la diversidad de situaciones que enfrentan los «pobres en combustible» a partir de tener un bienestar deficiente.

3. Aportes para la indagación cualitativa de la pobreza energética

Estrategias de sobrevivencia, estrategias adaptativas o estrategias familiares de vida son conceptos que, a partir de la década de 1970 y principios de 1980, comenzaron a ser utilizados en numerosos estudios que revisaban los mecanismos de reproducción social de los sectores populares (Méndez, 2019) dada su versatilidad para estudiar poblaciones marginales, ya que permiten analizar las estrategias de supervivencia que despliegan los trabajadores del agro, los marginales de la ciudad e incluso grupos sociales con problemas diferentes de los anteriores, como pueden ser los diversos sectores y capas de la burguesía (Argüello, 1981). En esos años, el interés giraba en torno a la reproducción cotidiana de los hogares y, específicamente, a la manera en que estos enfrentan la pobreza. Para ello, estudiaron las estrategias desarrolladas por las familias de sectores socioeconómicos bajos para paliar los efectos de la pobreza y optimizar la satisfacción de necesidades con escasos recursos disponibles (Gutiérrez, 2007). La riqueza de estos enfoques se encuentra en el estudio de las relaciones entre los fenómenos macrosociales (estructuras) y los de nivel microsocial (comportamientos) (Torrado, 1982; Molina, 2006; Gutiérrez, 2007). Según Eguía y Ortale (2007), el concepto de estrategias permite la reconstrucción de la lógica subyacente en estas acciones y opera como nexo entre la organización social de la reproducción de los agentes y el grupo doméstico responsable de esta reproducción. Esto contribuye al estudio de las articulaciones entre las condiciones económicas-políticas generales y las condiciones específicas de producción y reproducción social de las unidades domésticas (Eguía y Ortale, 2007).

Hacia la década de 1970, Duque y Pastrana (1973) analizaron las «estrategias objetivas de subsistencia económica» de las familias instaladas en dos campamentos del Gran Santiago de Chile. Desde su interpretación,

el aspecto central de ellas consiste en la reordenación de funciones al interior de las unidades familiares, enfatizando la participación de todos o la mayoría de los miembros componentes: la madre, los hijos mayores y menores, los allegados y aun los miembros consanguíneos próximos (Duque y Pastrana, 1973: 13).

Los autores, identificados como los precursores de este análisis, se interesaron por conocer las formas de reproducción material de los miembros de la unidad doméstica.

Otra referente y precursora en el área de estudio de las poblaciones marginales desde este enfoque es Lomnitz (1975), quien afirma que los mecanismos de supervivencia de los marginados conforman la totalidad de un sistema de relaciones sociales. Aquí la seguridad económica adquiere importancia debido a la carencia de garantías para la reproducción y lo precario de la situación. Frente a ello se organizan sistemas de respuestas, redes sociales de tipo informal, basadas en el intercambio recíproco entre iguales. Las prácticas relacionadas con este tipo de participación constituyen estrategias de solidaridad asentadas en expectativas de intercambios de bienes y servicios que forman parte de la organización de la vida cotidiana de vecinos, parientes y amigos, donde hay un acuerdo tácito de reciprocidad colectiva.

Como precursora también en este tipo de análisis podemos mencionar a Torrado a través del concepto de «estrategias familiares de vida», definido como:

comportamientos de los agentes sociales, que estando en condiciones por su posición social (pertenencia a una determinada clase o estrato social), se relacionan con la constitución y mantenimiento de las unidades familiares en las cuales pueden asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas aquellas prácticas económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de los miembros (Torrado, 1982: 17).

La unidad de análisis del enfoque de Torrado, al igual que en los otros estudios, es la unidad familiar o doméstica, entendida como un:

grupo de personas que interactúan en forma cotidiana, regular y permanentemente, a fin de asegurar mancomunadamente el logro de los siguientes objetivos: su reproducción biológica, la preservación de su vida; el cumplimiento de todas aquellas prácticas económicas y no económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia (Torrado, 1982: 20).

Desde una perspectiva más reciente, Urcola (2010) entiende que las estrategias de vida comprenden el conjunto de prácticas y acciones económicas, sociales, culturales y demográficas por medio de las cuales los sujetos o familias, condicionados por la posición social desfavorable, tienden (de manera explícita o implícita) a conservar o aumentar su patrimonio (bienes materiales, culturales y simbólicos), y a concretar planes y proyectos con el fin de mantener o mejorar su posición en la estructura de relaciones sociales. Con una posición social desfavorable se entiende a la carencia de medios de producción y falta de participación plena tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de bienes culturales y en la vida institucional de la sociedad en general. Desde esta perspectiva, a la noción de «estrategias de vida» se le agrega una dimensión de análisis superadora de las visiones centradas en lo material/económico, al pensar que la vida que atraviesan ciertas poblaciones no solo es reductible a la idea de «supervivencia» sino también a que los sujetos pueden desarrollar acciones orientadas a la modificación y a la innovación. En resumen, «las estrategias de vida comprenden tanto a las estrategias adaptativas (de reproducción) como estrategias de cambio (creativas)» (Urcola, 2010: 117). Desde esta definición, el autor incorpora el carácter inventivo y activo de los sujetos como así también su capacidad de improvisación ante situaciones nuevas. De este modo, adaptación y cambio se combinan en una práctica concreta.

Teniendo como punto de partida estas investigaciones y sus marcos conceptuales y analíticos se construyeron cuatro dimensiones de indagación cualitativa para el estudio de la pobreza energética centrando la mirada en los hogares (Figura I). Estas dimensiones recuperan ejes analíticos centrales de los/as autores/as referentes en este campo de estudio que aportan al entendimiento de las estrategias que despliegan los hogares para hacer frente a la pobreza.

Figura I. Principales dimensiones de análisis de las estrategias familiares de vida
elaboración propia.

La delimitación de estas dimensiones permitió avanzar en la construcción de una estrategia de recolección de datos cualitativa, a través de la implementación de la técnica de grupo focal (Hernández Sampieri et al., 2010). Esta fue considerada como la más adecuada para conocer las percepciones, opiniones y vivencias compartidas por los hogares tanto de forma individual como por los miembros de una comunidad, a través de la «voz» de las mujeres, respecto a la situación de pobreza energética.

4. Propuesta cualitativa para analizar la pobreza energética

La técnica de grupo focal consiste en la organización de reuniones con un número reducido de personas, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal guiados por el/la investigador/a (Hernández Sampieri et al., 2010). Parte de los intereses específicos de esta técnica es poder conocer las opiniones «producidas» en el encuentro social y el intercambio grupal. En estos espacios pueden emerger puntos de vista compartidos como visiones contrapuestas que entran en debate. La propuesta de este trabajo consistió en la organización de un grupo focal en el que participaron mujeres mayores de edad residentes de la localidad de Ibarlucea, Provincia de Santa Fe. El interés específico en esta comunidad se vincula con que carecen de acceso a la red de gas natural y de agua potable, por lo que las familias deben proveerse de garrafas, gestionar sus propios pozos de agua y recolectar el agua potable en las canillas públicas del pueblo. En este contexto, la energía eléctrica es el único servicio público moderno y confiable que reciben los hogares de Ibarlucea. El mismo es provisto por la cooperativa de electricidad local que actuó como enlace con las personas que participaron en la actividad.

Los grupos focales se realizaron un sábado del mes de junio en dos sesiones,⁶ cada una integrada por alrededor de quince mujeres, quienes en algunos casos concurrieron con sus hijos/as pequeños/as. Inicialmente, las investigadoras y la presidente de la cooperativa recibieron a las participantes, se hicieron las presentaciones correspondientes al estudio y se inició el trabajo en los grupos. Antes de ello, se aplicó un cuestionario a las participantes para recabar información sobre sus condiciones familiares y habitacionales específicas.

Las sesiones del grupo focal estuvieron organizadas en torno a una guía de preguntas⁷ elaborada en función de los objetivos del proyecto. Principalmente, se buscaba indagar en las estrategias familiares de vida que desarrollan los hogares para enfrentar la pobreza energética y lograr la subsistencia cotidiana. El interés radicaba en identificar las acciones desplegadas para mejorar la aislación térmica de las viviendas, hacer un uso más eficiente del equipamiento, pagar las facturas de electricidad o acceder al combustible para cocinar, bañarse, calentar o refrigerar la vivienda, etc. Resultaba central también ahondar en las redes e intercambios que realizan con miembros de la comunidad (sean familiares, amigos/as, vecinos/as, etc.) y la implementación de acciones conjuntas (préstamos, trueques, compras compartidas, reclamos colectivos, etc.) para paliar las necesidades de los hogares o de la comunidad. Además, se pretendía conocer los vínculos de los hogares con diferentes instituciones como municipios, cooperativas de electricidad y el Estado en general, dado que son actores claves en la vida cotidiana.

Siguiendo las dimensiones de análisis seleccionadas (Figura I), también se observaron las acciones de tipo innovadoras y creativas que desarrollan los hogares para satisfacer sus necesidades energéticas. Por ejemplo, resultó relevante conocer si establecen nuevas funciones o roles en las tareas del hogar, con especial interés en el papel asignado a las mujeres, si adaptan los horarios y actividades que realizan, si modifican los hábitos vinculados al aprovisionamiento de energía o si desarrollan artefactos o técnicas novedosas para cubrir sus necesidades. Esto último se indagó dado que resulta central en el estudio poder incorporar el enfoque de género para explorar la incidencia de este fenómeno en las relaciones de género subyacentes al interior de los hogares. La división de tareas en los hogares asigna un rol fundamental a las mujeres como responsables de la gestión del hogar y el cuidado de la familia. De esta forma, el hogar esconde situaciones reales de desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, el acceso al mercado de trabajo, la sociabilización, entre otras esferas. La feminización en el uso de la energía depende de las actividades que se realizan en los hogares –cuidado de niños/as, limpieza de la vivienda, trabajo domiciliario, presencia de adultos mayores (González Pijuan, 2017)– y la manera en que estas actividades se resuelven –con o sin la participación de empleadas domésticas, recolectando combustible leñoso para cocinar o calefaccionar la vivienda, lavando la ropa a mano, gestionando el alimento diariamente frente a la falta de heladera o frente a cortes de luz prolongados, etc.– (Rojas y Siles, 2014). De esta forma, se entiende que la pobreza energética puede contribuir a la feminización de la pobreza al incrementar el tiempo que las mujeres dedican a actividades domésticas y de cuidados no remuneradas (Simcock y Mullen, 2016). A su vez, la sobrecarga de los tiempos de trabajo puede deteriorar la salud de las mujeres y/u obligarlas a resignar otras actividades tanto reproductivas como productivas remuneradas.

A fin de ejemplificar el relevamiento realizado, se presentan los ejes abordados en la guía y las preguntas específicas para cada uno.⁸

Eje 1. Dificultades de acceso y uso de la energía

Eje 2. Estrategias, innovaciones, creatividad

Eje 3. Instituciones

Eje 4. Propuestas a futuro, mejoras posibles (a nivel individual y del hogar), necesidades principales identificadas a nivel grupal

Conclusiones

La pobreza energética ha tenido un papel creciente en las políticas públicas europeas en las últimas dos décadas y, en los últimos años, ha comenzado a formar parte de la agenda política de la sociedad en países de alyc. Sin embargo, aún no hay acuerdos sobre su definición, el peso de los factores que la provocan y, mucho menos, sus consecuencias sociales y ambientales. Tampoco existe consenso sobre los indicadores más adecuados para medir su alcance e intensidad.

Este artículo sugiere que, por un lado, existe un cuerpo teórico a nivel internacional que, de manera segmentada, permite acercarse a la complejidad del fenómeno y sus múltiples dimensiones. Por otro lado, muestra que la mayoría de las bases estadísticas actualmente disponibles en el país poseen importantes limitaciones para analizar el alcance de este fenómeno. Algunas se centran en la conexión a los servicios de energía como una medida relevante para indagar sobre el acceso, dejando de lado interrogantes asociados a sus usos (como la iluminación, la calefacción de la vivienda o el agua sanitaria, etc.). Otras bases avanzan en la recopilación de información sobre los bienes económicos que poseen los hogares y que, mediante el consumo de energía, les permiten cubrir necesidades básicas. Por último, la engh ofrece, además, información sobre la participación del gasto en energía (gas, electricidad, kerosene, leña, etc.) en la canasta de consumo de cada hogar, la frecuencia, uso, antigüedad y eficiencia de ciertos bienes económicos.

Esta última representa un gran avance para analizar desde un enfoque cuantitativo el alcance de la pobreza energética y los factores sociales, económicos y ambientales que la acentúan en distintas regiones del país. Además, permitirá elaborar indicadores adaptados a las condiciones del entorno que faciliten la identificación de aquellos hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la pobreza energética. Esta encuesta, sin embargo, no recoge información sobre los hogares residentes en pueblos de menos de dos mil habitantes y zonas rurales, donde las condiciones de oferta de la energía, por lo general, se alejan del objetivo de «acceso universal a servicios de energía limpios, confiables y asequibles» (ods n.° 7).

Este trabajo reconoce la importancia de recuperar la «voz» de las personas y familias que atraviesan la pobreza energética y, en este marco, plantea la necesidad de ahondar en los usos y estrategias que desarrollan los hogares en distintos entornos naturales y sociales para definir la importancia relativa de los bienes económicos que permiten satisfacer las necesidades, así como sus niveles de complementariedad y sustitución. De este modo, si bien los indicadores cuantitativos tienen la pretensión de medir y caracterizar la pobreza energética de manera sistemática, confiable y objetiva, también se considera central dar cuenta de la dimensión «subjetiva» de la pobreza energética. En otras palabras, se busca ahondar en la percepción de quienes atraviesan este tipo específico de pobreza sobre su situación en términos energéticos y sociales y las estrategias que despliegan para enfrentarla. En este sentido, se propone incorporar la visión comunitaria de la pobreza energética, es decir, conocer cómo se despliegan estrategias y acciones en términos individuales como colectivos, entendiendo que una comunidad que atraviesa esta situación también tiene puntos de contacto que merecen ser relevados de manera colectiva, pues muchas prácticas requieren de otros/as miembros para poder ser desarrolladas. Así, se recuperan las percepciones sobre el rol del Estado y la cooperativa local.

Finalmente, se propone dar centralidad a la dimensión de género para ahondar en la incidencia de la pobreza energética en la vida de las mujeres. Es de esperar que las estrategias desarrolladas en los hogares para hacer frente a esta problemática posean una dimensión de género ineludible para comprender su complejidad e impacto. La pobreza energética impacta de forma diferenciada según el ámbito social o espacial en el que se insertan los hogares, lo que puede exacerbar las desigualdades existentes al interior del hogar o producir nuevas áreas de privación de acceso a los bienes esenciales para la reproducción del grupo familiar (Simcock y Mullen, 2016). En este sentido, es importante conocer la distribución de las decisiones respecto a la fuente y el uso de la energía en cada actividad del hogar y el tipo de esfuerzo que la pobreza energética impone a las mujeres y sus consecuencias sobre los miembros del hogar y su entorno (Skutsch y Wamukonya, 2001). Si bien este artículo propone un enfoque de investigación cualitativo que brinda centralidad a la «voz» de las mujeres, el uso de información estadística no deja de ser relevante y necesaria para comprender y dimensionar este fenómeno cada vez más acuciante. La articulación de ambos enfoques permitirá diseñar políticas que aborden las causas de la pobreza energética y su incidencia en los hogares y en cada uno de sus miembros, tanto en materia económica como en términos de salud física y mental y de igualdad. En estos tiempos en donde muchos de los parámetros conocidos se pusieron en tensión, y cuando el acceso a los recursos y la calidad de vida están en el centro del debate, es importante retomar este tipo de abordajes que permiten tener en cuenta múltiples dimensiones para dar respuestas a la complejidad.

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Notas